Trump v. Barbara — Escrito de Amicus Curiae

ESTATUS: Resuelto

TRIBUNAL: Tribunal Supremo de los Estados Unidos

RESUMEN

El 30 de junio de 2026, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos resolvió que el intento del presidente Donald Trump de redefinir la interpretación, establecida desde hace tiempo, de la Cláusula de Ciudadanía para excluir a los hijos de padres que son inmigrantes temporales o en situación irregular viola la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda. Right to Democracy presentó un escrito de amicus curiae en representación de 21 funcionarios electos y jueces, actuales y anteriores, de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Puerto Rico, Guam, las Islas Marianas del Norte y Samoa Americana, que abarcan todo el espectro político y tienen opiniones diferentes sobre cuestiones de estatus político. Todos rechazan la idea de que el Congreso o el presidente puedan—de conformidad con la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda—denegar unilateralmente la ciudadanía estadounidense a quienes hayan nacido bajo la soberanía y la jurisdicción de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, cada uno apoya el derecho a la libre determinación y a la descolonización, ya sea mediante una relación conjunta o independiente de cada territorio con los Estados Unidos.

IMPORTANCIA DE ESTE CASO

La cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda garantiza la ciudadanía a toda persona nacida “en los Estados Unidos” y “sujeta a su jurisdicción”. Durante más de un siglo, el Tribunal Supremo de EE. UU. ha evitado responder si las personas nacidas en los territorios de EE. UU. —que indiscutiblemente se encuentran bajo la soberanía y la jurisdicción de EE. UU.— tienen un derecho constitucional a la ciudadanía en virtud de dicha cláusula. La deferencia del Tribunal Supremo hacia las ramas políticas ha dejado la ciudadanía por nacimiento en los territorios de EE. UU. sujeta a la manipulación política. Esta incertidumbre representa un obstáculo para la libre determinación, ya que oscurece cómo los cambios en la situación política pueden afectar la ciudadanía.

Aunque la opinión del Tribunal Supremo en el caso Trump v. Barbara no abordó la cuestión de la ciudadanía por nacimiento en los territorios de EE. UU., su razonamiento sugiere cómo podría abordar esa controversia en el futuro. En particular, la jueza Jackson, en una opinión concurrente a la que se sumó la jueza Sotomayor, señaló a  los Casos Insulares como un ejemplo de situaciones en las que el Tribunal Supremo ha “negado a los estadounidenses” la “promesa” de “garantizar la igualdad de ciudadanía”.

VOCES DEL CASO

“A pesar de que la opinión de hoy no abordó directamente la cuestión de la ciudadanía por nacimiento en los territorios de EE. UU., el Tribunal ha dejado claro que cualquier persona nacida en suelo estadounidense y sujeta a la jurisdicción de EE. UU. tiene el derecho constitucional a la ciudadanía estadounidense. El Tribunal resolvió de manera definitiva que los poderes políticos del Gobierno federal no tienen autoridad para redefinir la Cláusula de Ciudadanía. Esto es relevante para las personas nacidas en los territorios de EE. UU., ya que el gobierno federal sigue argumentando —en contra del texto y la historia de la Cláusula de Ciudadanía— que puede prender o apagar la ciudadanía en los territorios.” —Neil Weare, codirector de Right to Democracy

“La amplia decisión que ha emitido el Tribunal es un reconocimiento de que, salvo excepciones muy limitadas, el gobierno de  EE. UU. tiene que reconocer los derechos fundamentales de ciudadanía a todas las personas nacidas bajo su dominio. El lenguaje del Tribunal es claro: ni el Presidente ni el Congreso tienen el poder de negar unilateralmente la ciudadanía americana a alguien nacido bajo la soberanía y jurisdicción de los Estados Unidos. Independientemente de las preferencias de cada cual sobre el estatus político, esta decisión recalca los límites constitucionales importantes que se le imponen al poder federal cuando se trata del derecho fundamental a la ciudadanía. Entender qué derechos básicos se les reconocen a las personas es clave para la conversación sobre la libre determinación.” —Adi Martínez Román, codirectora de Right to Democracy

“El Presidente y el Congreso tienen poderes amplios. Pero como determinó el Tribunal Supremo hoy, entre esos poderes no está la capacidad de encender o apagar la garantía constitucional de ciudadanía por nacimiento cuando les convenga. Esta es una decisión importante para las Islas Vírgenes, porque el gobierno federal sigue alegando que nuestra ciudadanía es un privilegio legislativo y no un derecho constitucional. Eso no solo es contrario a la Constitución, sino contrario al Tratado de Transferencia de 1917, que expresamente reconoció que las personas de las Islas Vírgenes de EE.UU. serían reconocidas como ciudadanos americanos.” —Stacey Plaskett, Delegada de las Islas Vírgenes de EE. UU. en el Congreso 

“La decisión de hoy debe servir de hoja de ruta para reconocer que las personas nacidas en los territorios de los EE. UU. tienen un derecho constitucional a la ciudadanía americana que ni el Congreso ni el Presidente pueden quitarles. Ningún funcionario electo ni cuerpo legislativo debe tener veto sobre si alguien nacido en Guam o en cualquier otro territorio americano es ciudadano. Cualquiera que sea la decisión del pueblo de Guam sobre nuestro futuro estatus político, mientras estemos bajo la bandera americana debemos tener derecho a la ciudadanía e igualdad de derechos.” —Mary Camacho Torres, senadora, Guam (2015 to 2023)

“Esta decisión confirma que las ramas ejecutivas y legislativas no tienen el poder para definir unilateralmente quién es y quién no es ciudadano. Del mismo modo que el Tribunal ha declarado inconstitucional la Orden Ejecutiva en este caso, le corresponde reconocer que la ciudadanía por nacimiento en los territorios no está sujeta al control unilateral del Congreso o del presidente. Lo mismo ocurre con la relación colonial entre Puerto Rico y Estados Unidos, la cual tiene sus raíces en los mismos prejuicios racistas y coloniales que la Orden Ejecutiva impugnada. Es momento de acabar con el control unilateral del gobierno federal sobre los territorios y dar paso a un proceso de libre determinación y descolonización.” —Ana Irma Rivera Lassén, senadora, Puerto Rico (2021-2025)

“Como puertorriqueños, conocíamos de primera mano lo que estaba en juego cuando el presidente intentó excluir a los hijos de los inmigrantes de las protecciones que ofrece la ciudadanía y el Tribunal ha actuado correctamente al rechazar hoy esa pretensión. Pero el Tribunal no debe detenerse ahí: la ciudadanía por nacimiento también debe reconocerse a las personas nacidas en los territorios de EE. UU., a quienes históricamente se les ha negado el trato igualitario.” —Zoe Laboy, senadora, Puerto Rico (2017-2019)

“Aplaudo la contundente reafirmación del Tribunal Supremo de que la ciudadanía por nacimiento es una garantía constitucional que ningún presidente puede eliminar mediante orden ejecutiva. El principio amplio del Tribunal—que un niño nacido en suelo estadounidense y sujeto a las leyes de Estados Unidos es ciudadano— no puede, lógicamente, limitarse a los estados. En mi opinión, ese principio protege igualmente a quienes nacen en los territorios de Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico”. —Eduardo Bhatia, presidente del Senado de Puerto Rico (2013-2017)

“Los funcionarios federales no pueden simplemente redefinir si alguien tiene derecho a la ciudadanía—ese fue el mensaje claro de la decisión de hoy. Con tantos de nuestros hermanos y hermanas samoanos americanos enfrentando cargos criminales en Alaska porque el gobierno federal les niega el reconocimiento como ciudadanos americanos, este fallo del Tribunal Supremo es importante para nuestra comunidad.” —Andra Samoa, representante, en la Legislatura de Samoa Americana (2019-2022)

“Es el rol de un juez decir cuál es la ley y eso fue exactamente lo que hizo el Tribunal Supremo hoy. Los jueces han dejado claro que ningún funcionario del gobierno tiene el poder de negarle la ciudadanía a alguien a quien la Constitución le reconoce ese derecho. Esto debe aplicarle no solo para la Orden Ejecutiva de Trump, sino para las personas nacidas en los territorios de los Estados Unidos.” —Soraya Diase-Coffelt, jueza en el Tribunal Superior de las Islas Vírgenes (1994-2000)

La lista completa de los amici incluye:

  1. Stacey E. Plaskett: Cámara de Representantes de los EE. UU., Islas Vírgenes de los EE. UU. (2015-Presente)

  2. Albert Bryan Jr.: Gobernador, Islas Vírgenes de los EE. UU., (2019-Presente)

  3. Tregenza Roach: Vicegobernador, Islas Vírgenes de los EE. UU. (2019-Presente); Senador, Legislatura de las Islas Vírgenes de los EE. UU. (2013-2018)

  4. B.J. Cruz: Auditor Público de Guam (2018-Presente); Portavoz, Legislatura de Guam (2017-2018); Senador, Legislatura de Guam (2005-2016); Juez Presidente,  Tribunal Supremo de Guam (1999-2001); Juez Asociado, Tribunal Supremo de Guam (1997-1999); Juez, Tribunal Superior de Guam (1984-1997)

  5. Aníbal Acevedo Vilá: Gobernador, Puerto Rico (2005-2009)

  6. Sila M. Calderón: Gobernadora, Puerto Rico (2001-2005)

  7. Alejandro García Padilla: Gobernador, Puerto Rico (2013-2017)

  8. Kenneth E. Mapp: Gobernador, Islas Vírgenes de los EE. UU.  (2015-2019) 

  9. Donna M. Christian-Christensen: Cámara de Representantes de los EE. UU., Islas Vírgenes de los EE. UU. (1997-2015)

  10. Gregorio Kilili Sablan: Cámara de Representantes de los EE. UU., Islas Marianas del Norte (2009-2025)

  11. Sheila Babauta: Cámara de Representantes de las Islas Marianas del Norte  (2021-2023)

  12. Eduardo Bhatia: Senado de Puerto Rico (2009-2021), Presidente del Senado (2013-2017)

  13. Zoé Laboy: Senado de Puerto Rico  (2017-2019)

  14. José Bernardo Márquez Reyes: Cámara de Representantes de Puerto Rico (2021-2025)

  15. Ana Irma Rivera Lassén: Senado de Puerto Rico  (2021-2025)

  16. Andra Samoa: Cámara de Representantes de Samoa Americana (2019-22)

  17. Mary Camacho Torres: Senador, Legislatura de Guam (2015-2023)

  18. Charles Ala'ilima: Juez del Tribunal Superior de Samoa Americana / Juez Asociado Interino del Tribunal de Distrito (1981-1985); Juez del Tribunal de Distrito Pro Tempore (1996-1998)

  19. Adam G. Christian: Juez, Tribunal Superior de las Islas Vírgenes (2010-2016)

  20. Soraya Diase Coffelt: Juez, Tribunal Superior de las Islas Vírgenes (1994-2000)

  21. Liana Fiol Matta: Jueza Presidenta, Tribunal Supremo de Puerto Rico (2014-2016); Jueza Asociada (2004-2014); Jueza, Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico (1992-2002)

MATERIALES 

Recursos Adicionales