Right to Democracy es una organización sin fines de lucro que está construyendo un movimiento para confrontar y desmantelar el marco colonial antidemocrático que afecta a más de 10 millones de personas: 3.6 millones en los territorios de EE. UU. y más de 6 millones en la diáspora. Creemos que las personas en los territorios de EE. UU. deben tener poder y agencia sobre las decisiones que impactan sus vidas.  Abordamos nuestro trabajo a través de los valores compartidos de construir terreno común, respetar las diferencias, impulsar el cambio, mantener el enfoque y evitar la toxicidad. Junto con una diversa Coalición cross-territorial, utilizamos la abogacía participativa, el cambio de narrativa y cultural, y la construcción de ecosistemas para promover la democracia, la equidad y la libre determinación en los territorios de EE. UU. Trabajamos a través de las divisiones partidistas e ideológicas tradicionales y no tomamos una postura sobre las opciones de estatus, pero creemos que ha llegado el momento: el dominio colonial de EE. UU. es real, es injusto y debe terminar ya.

No, Right to Democracy no favorece ninguna opción de estatus en particular, más allá de rechazar el marco colonial antidemocrático a través del cual Estados Unidos gobierna a los territorios.  Somos cuidadosos en no favorecer ninguna opción de estatus con nuestro trabajo. Nuestra creencia fundamental es que la decisión sobre el futuro político de cada territorio le corresponde a la gente de cada territorio. 

Right to Democracy y la Coalición cross-territorial que coordinamos incluye a personas y organizaciones cuyas opiniones sobre el estatus político abarcan todo el espectro, desde el apoyo a la estadidad hasta el apoyo a la independencia y otras opciones intermedias.  Aunque somos una organización exclusivamente no partidista, nuestro trabajo agrupa a personas que se identifican tanto como demócratas como republicanos e incluye a integrantes de los principales partidos políticos de Puerto Rico. El hecho de que jueces de la Corte Suprema con puntos de vista tan diferentes como Neil Gorsuch y Sonia Sotomayor rechacen el marco colonial a través del cual  Estados Unidos gobierna a los territorios, demuestra que estos asuntos trascienden divisiones partidistas e ideológicas.  

Trabajamos a través de las diferencias partidistas y de estatus por dos razones. En primer lugar, nuestros valores fundamentales incluyen construir un terreno común, respetar las diferencias y evitar la toxicidad. Esto significa trabajar colectivamente con personas de diversas perspectivas para mejorar la comprensión, co-crear nuevos significados y aprovechar el poder colectivo para lograr objetivos comunes. También significa escuchar con la mente abierta, empatizar con diferentes experiencias de vida, reconocer las dinámicas de poder y tratar a todos con dignidad. En segundo lugar, una lección clave que hemos aprendido a lo largo de docenas de diálogos comunitarios con personas de cada uno de los cinco territorios es que hay mucho más que nos une de lo que nos separa. Las divisiones internas sobre el estatus político o la ideología partidista se han utilizado históricamente como una excusa para la inacción continua del gobierno federal respecto a la democracia y libre determinación en los territorios. Creemos que se puede diferir respetuosamente sobre las soluciones mientras se comparte una comprensión profunda del problema y sobre la necesidad de cambio. Desde esta base común, podemos avanzar juntos–en solidaridad y comunidad–hacia un reconocimiento de que el colonialismo estadounidense es real, es injusto y tiene que terminar ahora.

El marco colonial antidemocrático que rige a las personas en los territorios de EE. UU. fue establecido por las tres ramas del gobierno federal después de la Guerra Hispanoamericana-Cubana y, hasta el día de hoy, continúa en vigor. Se basa en la idea de que Estados Unidos tiene el poder de gobernar unilateralmente a la gente de los territorios sin su consentimiento. El juez Neil Gorsuch ha denominado esta relación como “colonialismo estadounidense”. Su fundamento legal son los Casos Insulares, una serie de decisiones controversiales de la Corte Suprema que la jueza Sonia Sotomayor ha calificado de “odiosas e incorrectas”, y que el juez Gorsuch ha declarado que “no merecen un lugar en nuestro derecho” porque “no tienen fundamento en la Constitución y se basan en estereotipos raciales”. Este marco colonial también se caracteriza por la doctrina del “poder plenario”, mediante la cual la Corte Suprema de EE. UU. ha descrito el poder del Congreso sobre los territorios como “absoluto e indiscutible”.  El juez Gorsuch, al que se unió el juez Clarence Thomas, recientemente cuestionó esta doctrina, explicando que “la Cláusula [Territorial], correctamente entendida”, no “dota al gobierno federal de poder plenario ni siquiera dentro de los Territorios mismos”.

Basado en estas doctrinas legales, el gobierno federal se atribuye un poder plenario para gobernar cada aspecto de la vida en los territorios, incluyendo el poder de ignorar la voluntad de las personas y sus llamados a la democracia, la equidad y la libre determinación. Right to Democracy cree que es importante impugnar tanto los Casos Insulares como la doctrina del poder plenario para confrontar y desmantelar el marco colonial antidemocrático.

Bajo este marco legal colonial, Estados Unidos se atribuye un poder casi ilimitado para gobernar a la gente en los territorios en contradicción directa al principio de “consentimiento de los gobernados”. A continuación, se presentan algunos de los ejemplos más graves en cada territorio:

• Puerto Rico: La Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico, un ente impuesto antidemocráticamente por el Congreso de EE. UU., ha gobernado Puerto Rico durante una década. El Congreso de EE. UU. dotó de autoridad a la Junta para anular legislación aprobada por el gobierno local, vetar cualquier contrato gubernamental y ejercer control total sobre cualquier decisión relacionada con el presupuesto o la estructura contributiva de Puerto Rico. La Corte Suprema de EE. UU. ha defendido repetidamente la estructura y los poderes de la Junta ante las impugnaciones legales del pueblo de Puerto Rico. 

• Guam: El ejército de EE. UU. reclama como propiedad casi una tercera parte de Guam, con un aumento masivo de la presencia militar en curso. Aun así, la gente de Guam tiene poco o ningún poder de decisión sobre esto, a pesar de los grandes retos económicos, sociales y culturales que esto representa para su comunidad. Esta escalada de presencia militar pone en riesgo sus vidas: el misil balístico DF-26 de China ha sido apodado el “asesino de Guam”, y Corea del Norte prueba regularmente misiles balísticos que amenazan a Guam.

• Islas Vírgenes de EE. UU.: La gente de las Islas Vírgenes de EE. UU. actualmente está llevando a cabo su Sexta Convención Constitucional. Según la ley federal, los habitantes de las Islas Vírgenes no tienen poder para crear su propia constitución sin la aprobación del Presidente y el Congreso. Ese consentimiento ha sido negado en el pasado y representa un gran obstáculo para lograr el cambio. 

• Samoa Americana: En 2024, el Congreso de EE.UU. le delegó su “poder plenario” sobre Samoa Americana al Secretario del Interior. Ahora, el Departamento del Interior está buscando imponer la minería de aguas profundas en Samoa Americana. Después de que los líderes electos de Samoa Americana se opusieron unánimemente a estos esfuerzos, en lugar de detenerlos, el Departamento del Interior decidió duplicar el tamaño del área propuesta para arrendamiento para la minería de aguas profundas, todo sin ningún tipo de beneficio económico ofrecido a la gente de Samoa Americana. 

• Islas Marianas del Norte: Cincuenta años después de que los Estados Unidos prometió apoyar la libre determinación y el autogobierno en su Convenio con la gente de las Islas Marianas del Norte (NMI, por sus siglas en inglés), EE. UU. regularmente toma acciones unilaterales pese a las objeciones de las NMI. EE. UU. ha tomado el control sobre tierras sumergidas reclamadas por las NMI, despojó al gobierno local de su poder sobre la inmigración, eliminó el poder local para regular el salario mínimo, ha prohibido prácticas culturales locales y ahora busca imponer la minería de aguas profundas en sus islas, sin el consentimiento de la gente.