A 10 años de la Junta, informe concluye que Puerto Rico vivió "una década perdida"

Ya son 10 años desde que PROMESA y su Junta de Control Fiscal recrudecieron el estatus colonial e inauguraron un régimen antidemocrático en Puerto Rico. El informe “La Década Pérdida” examina desde diferentes lentes como que, a nombre de la reestructuración de la deuda, la Junta ha llevado a cabo severos ataques contra los servicios públicos esenciales y la autonomía local. Elaborado en colaboración por Right to Democracy,  la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público, Sembrando Sentido, y la Liga de Ciudades, el informe refuta la narrativa del supuesto “éxito” de la Junta y examina cómo las verdaderas raíces de las crisis en Puerto Rico continúan presentes.  

Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público

El informe concluye que, tras diez años de improvisación y errores, la Junta de Control Fiscal deterioró las finanzas públicas y la calidad de vida del país sin atender las verdaderas raíces de la crisis. El documento sostiene que la austeridad impuesta sin medir su impacto, la mayor dependencia en fondos federales, las privatizaciones y el encarecimiento de los servicios sirvieron para lograr acuerdos con los bonistas que resultan impagables y que amarran a Puerto Rico por décadas.

El informe analiza los datos que presenta la Junta sobre los beneficios y ahorros que ha generado para el país en la reestructuración de deuda y su estrategía fiscal; repasa los impactos de sus medidas de austeridad e impacto institucional negativo sobre los municipios, particularmente la eliminación del Fondo de Equiparación y la transformación del modelo de financiamiento municipal entre 2017 y 2024; tercero, en temas de gobernanza pública discute el uso de la contratación pública y la privatización como mecanismo de reforma gubernamental sin atender antes las deficiencias del Estado, cuarto analiza el impacto que ha tenido la Junta en su control sobre la Asamblea Legislativa enmarcado dentro de un cuestionamiento más amplio a la legitimidad democrática de PROMESA.

 Con esta publicación reconfirmamos que la Junta no nos ahorra, nos cuesta. Además de sus gastos operacionales multimillonarios, lo que llama 'ahorros' para el pueblo es un intento fallido de justificar sus verdaderos costos para Puerto Rico. En sus informes omite miles de millones en pagos en efectivo y en bonificaciones extras a los bonistas cuando presenta sus cálculos sobre el recorte a la deuda, lo que hace que sus ahorros estimados sean engañosos. En la práctica, se ha tenido que pagar mucho más a los bonistas de lo que se anunció, desde 10 mil millones en pagos en efectivo a la firma de los acuerdos hasta pagos extras anuales que ya van por más de 1,500 millones.

El documento sostiene que la estrategia de la Junta no ha sido muy distinta a las administraciones que nos trajeron a la crisis, y se resume en tres temas: lo fiscal, las medidas de austeridad y una dependencia cada vez mayor de los fondos federales; y, simultáneamente, la promoción de "reformas estructurales" que supuestamente facilitan el crecimiento económico. Según el análisis, dichas políticas solo deterioraron las condiciones de vida en el país. 

La desconexión entre PROMESA y las causas reales de la crisis es evidente. Se priorizó el pago de la deuda y balancear el presupuesto, dejando intacto el modelo económico y político que provocó el estancamiento y creó las condiciones para el endeudamiento público masivo. Diez años después, seguimos con el mismo modelo que nos quebró.

El análisis plantea que el régimen se sostuvo no por sus propias medidas, sino gracias a la entrada masiva de fondos federales que produjo una leve recuperación económica. Pero en lugar de aprovechar esa coyuntura extraordinaria para sentar las bases de una recuperación fiscal sostenible, la Junta la utilizó para pactar mayores pagos de deuda, priorizando los intereses de los bonistas sobre la sostenibilidad futura del país. 

La Liga de Ciudades

El costo institucional se refleja con particular dureza en los municipios y en el debilitamiento del Estado pues entre 2017 y 2024, los planes fiscales certificados transformaron el modelo de financiamiento municipal. La eliminación del Fondo de Equiparación avanzó mediante recortes concretos y acumulativos, mientras la Junta prometía alternativas para sustituir esos recursos que nunca llegaron. Se desmontó un mecanismo importante de apoyo fiscal sin establecer otro capaz de compensarlo.

Advertimos además que, bajo la supervisión de la Junta, la contratación pública y la privatización se consolidaron como principal mecanismo de reforma gubernamental sin atender primero las deficiencias institucionales del Estado. Ello aumentó el riesgo de ineficiencias, captura de recursos públicos, falta de competencia efectiva y debilitamiento de la capacidad del gobierno para proveer, monitorear y evaluar servicios esenciales.

Sembrando Sentido

Como parte del Informe La Década Perdida, Sembrando Sentido presentó un análisis sobre la contratación y la privatización durante los diez años de la Junta.

Nos parece importante comenzar aclarando que aunque contratos como LUMA y Genera son quizás las caras más visibles de la privatización, estos casos forman parte de un patrón mucho más abarcador: la creciente dependencia de terceros para prestar servicios y ejercer funciones públicas.

Antes de la llegada de la Junta, cerca del 30% del presupuesto del GPR se utilizaba para la contratación privada. Hoy, ese número ha aumentado a cerca de 59% del presupuesto gubernamental.

Y por eso, además de mirar qué y porqué se contrata, tenemos que mirar cómo se contrata: cómo determinamos la necesidad de contratar; cómo escogemos quién hará la gestión; cómo se llevan (o no) los procesos competitivos; cómo evaluamos la capacidad operacional y financiera del contratista; y cómo monitoreamos su trabajo y resultado.

Y en cada una de estas etapas vemos grandes debilidades que tienen consecuencias reales. Utilizando parámetros globales sobre las pérdidas asociadas a deficiencias en la contratación pública, estimamos que Puerto Rico ya podría estar perdiendo entre $1.9 y $4.8 mil millones al año.

Son miles de millones que no están disponibles para arreglar nuestras escuelas, mejorar servicios esenciales, instalar sistemas de energía solar o invertir en la infraestructura que necesitan nuestras comunidades. Es decir, podemos estar aprobando contratos multimillonarios sin necesariamente evaluar de manera independiente la necesidad real del contrato, posibles conflictos de interés, el historial de desempeño del contratista o su capacidad operacional y financiera para cumplir. 

Aun así, la Junta ha presentado esta revisión como uno de sus logros en transparencia y disciplina fiscal. Sin embargo, según su propio Registro de Revisión de Contratos, menos del 1% (.29%) de las transacciones de contratos revisadas han sido rechazadas. Incluso encontramos contratos aprobados a pesar de que la propia Junta identificó deficiencias en los procesos de contratación, incluyendo problemas de competencia y riesgos asociados a los contratistas seleccionados.

Ahí está el problema de fondo: la Junta y el Gobierno siguen poniéndole parchos a grietas que conocemos hace años. Y mientras tanto, esas grietas han seguido creciendo y desmoronando el sistema entero.

En nuestra Evaluación de los Procesos de Contratación Pública en PR de 2022 identificamos muchísimas problemáticas en la contratación, entre ellas: un marco de leyes y reglamentos extenso, confuso y fragmentado; grandes espacios sin competencia, particularmente en servicios profesionales, APP y manejo de desperdicios; una regulación casi inexistente sobre la subcontratación; y brechas importantes en transparencia, monitoreo y evaluación del desempeño. 

Cuatro años después, la larga lista de problemas en la contratación se sostiene.

Después de diez años, el éxito no se puede medir por cuántos contratos revisó la Junta. Se tiene que medir por si hoy tenemos mayor capacidad para proteger los recursos del pueblo y asegurar que produzcan resultados. 

Right to Democracy

La imposición de la Junta y su poder para anular legislación representan un recrudecimiento del marco legal colonial de EEUU sobre los territorios legalizados por los Casos Insulares y un quebrantamiento de principios democráticos básicos de consentimiento de los gobernados y del derecho a la libre determinación.  

La trayectoria judicial de la Junta es reveladora: de nueve leyes impugnadas, ha obtenido nueve victorias en los tribunales, mientras una décima medida aguarda por una determinación judicial inminente. Bajo su mandato, se han invalidado estatutos sobre pensiones, salud y derechos laborales gestados por representantes electos, incluso en instancias donde no se identificó un impacto fiscal directo sobre el erario público.  También, las determinaciones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos respecto a las controversias que han visto en torno Ley PROMESA han fortalecido la autoridad de la Junta sobre el archipiélago. Estas acciones consolidan un andamiaje legal colonial que priva a la ciudadanía de herramientas democráticas para fiscalizar, restringir o transformar este ejercicio de poder. 

Es importante destacar que el máximo foro judicial estadounidense ha rehuido intervenir en litigios donde Puerto Rico desafía las facultades de la Junta. Un ejemplo emblemático es el caso Pierluisi v. Junta (2023), donde se denegó el recurso de Certiorari que impugnaba la anulación de la reforma laboral, a pesar de que dicha medida no representaba un impacto fiscal adverso para el erario público.

A diferencia de otras jurisdicciones estadounidenses donde se han instaurado entes similares, la imposición en Puerto Rico y su facultad para anular la voluntad legislativa local profundizan el estatus colonial y vulneran los derechos fundamentales de libre determinación y consentimiento de los gobernados. Además, el marco legal establecido por PROMESA puede implementarse en otros territorios estadounidenses, lo que representa una amenaza de ampliación del dominio colonial existente sobre Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Después de diez años, el hecho de que la Junta no haya cumplido los beneficios que prometió a las comunidades locales pone de relieve que sus continuas imposiciones sobre la auto gobernanza democrática ya no pueden justificarse, si es que alguna vez pudieron serlo. 

El análisis completo de este informe está disponible en el la página de la Comisión en comisionauditoriapr.org